Punta Cana.- Ramón “Manolito” Ramírez, alcalde de Verón-Punta Cana, enfrenta acciones legales por no responder a una solicitud de información sobre su gestión, como lo manda la Ley de Libre Acceso a la Información Pública (Ley 200-04 ). Esta ley estipula que los funcionarios que nieguen u obstaculicen el acceso a la información pública pueden ser condenados a penas de seis meses a dos años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años.
Se presentó solicitud de documentos al concejo de Verón el 20 de agosto de 2024. El concejo no respondió dentro de los 15 días hábiles requeridos, ni solicitó prórroga, como lo permite la ley. El periodista Robert Antonio Guerrero, a través de su abogado Ruddy Severino, ha interpuesto un recurso de amparo contra Ramírez y el cabildo por esta violación. El recurso de apelación será conocido por la Cámara Civil y Comercial de La Altagracia una vez que el juez a cargo programe la audiencia.
Guerrero criticó la falta de respuestas oportunas de los funcionarios como un precedente preocupante y enfatizó que la transparencia es crucial para la democracia. La Ley 200-04 garantiza el derecho del público a acceder a información de organismos y funcionarios estatales, con disposiciones específicas para garantizar que este derecho se respete, salvo preocupaciones como la seguridad nacional o la privacidad.
