La propuesta de reforma al Código del Trabajo presentada por el Gobierno tiene, entre sus objetivos, además de fortalecer los derechos individuales y colectivos, garantizar que los dominicanos ocupen más empleos en los sectores productivos.
Así lo destacó ayer el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, al participar como primer invitado en la reunión de la comisión especial del Senado que estudia el proyecto de modificación de la Ley 16-92, que rige el sistema laboral del país.
“Podremos garantizar que con este fortalecimiento más dominicanos ocuparán puestos de trabajo en República Dominicana”, dijo.
Además, reiteró que el proyecto de reforma laboral no afecta los derechos de los empleados.
El funcionario expresó que el consenso alcanzado por el Gobierno con el sector tripartito consiste en no alterar la operación del desempleo en la ley.
Es por ello que, según se explicó, el documento legislativo depositado el 10 de octubre en la cámara legislativa del Senado no contiene ninguna modificación que aborde los beneficios laborales.
Pero, gremiales y entidades como la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) han solicitado eliminar la compensación económica para sustituirla por un seguro para empleados.
Esta petición no parece tener ningún congresista que la retome en la Cámara alta, ya que, al menos en la lista de la comisión, la mayoría rechaza cualquier iniciativa que acabe con la degradación de los beneficios adquiridos por los empleados.
nuevas mejoras
De Camps afirmó que la visión de la gestión del sector agrícola del presidente Luis Abinader está enfocada en “cinco bloques de mejoras”.
Se trata del fortalecimiento de procedimientos, evolución de los derechos individuales, la inclusión de las trabajadoras del hogar, la incorporación del teletrabajo, así como el fortalecimiento de los artículos que regulan la capacidad sancionadora y la protección de los derechos de los trabajadores.
El titular mencionó la creación de un magistrado especial denominado “Juez de Conciliación”, que prevé la reducción de los casos laborales registrados en los tribunales del país.
Entre otras medidas que fueron ideadas a partir de un diálogo desarrollado desde 2022 por autoridades gubernamentales, en el que participaron más de 100 entidades.
